Al Azar

En lo que llevamos de atolondrado siglo XXI, la primera condición para disfrutar de un objeto es no poseerlo. Esta levedad interactiva se extiende a situaciones inmateriales y, más difícil todavía, a relaciones personales. Vivir de alquiler ha dejado de referirse parabólicamente a la vivienda, para adquirir su significado literal de gozar –porque se goza mucho más– de la existencia entera en régimen no absoluto. La teoría de la relatividad posesiva viene impulsada por las nuevas tecnologías y por la austeridad obligatoria. Se alquila lo que no se puede poseer, hasta que se comprueba que el nomadismo de las pertenencias es menos engorroso que estar encadenado al patrimonio.
En resumen, muchas personas no se compran un velázquez porque no tendrían donde colocarlo. Unos minutos de contemplación del cuadro, incluso a través de una pantalla, autorizan el tránsito ulterior a una mayor variedad de experiencias. Gracias a esta labilidad, un día de hoy equivale a un año de hace un siglo. Hablar en propiedad ha sido desbancado por hablar sin propiedad, y el precio de vivir en alquiler bajará porque –en la era de la reproducción mecánica de Walter Benjamin– la oferta de placeres se ha multiplicado a mucha mayor velocidad que el número de espectadores. La crisis económica se debe a que carecemos de tiempo para degustar la dieta de excitación que brinda el planeta.
A diario, permanecen vacías unos cientos de millones de butacas en espectáculos de toda condición. La pornografía libremente intercambiada por internet no ha acabado con la industria del sexo organizado, sino que amenaza con extinguir el intercambio corporal in vivo. Los costes disparados de la protección de la propiedad intelectual y material arruinan  a quienes insisten en poseer los lugares por donde pisan. Los dueños no pueden permitírselo, los usuarios pasean tranquilamente de una casa a otra. Aparecerá así un nuevo comunismo, porque todos los productos sirven hoy para envolver el bocadillo del día siguiente. Dura competencia para la prensa.

En lo que llevamos de atolondrado siglo XXI, la primera condición para disfrutar de un objeto es no poseerlo. Esta levedad interactiva se extiende a situaciones inmateriales y, más difícil todavía, a relaciones personales. Vivir de alquiler ha dejado de referirse parabólicamente a la vivienda, para adquirir su significado literal de gozar –porque se goza mucho más– de la existencia entera en régimen no absoluto. La teoría de la relatividad posesiva viene impulsada por las nuevas tecnologías y por la austeridad obligatoria. Se alquila lo que no se puede poseer, hasta que se comprueba que el nomadismo de las pertenencias es menos engorroso que estar encadenado al patrimonio.
En resumen, muchas personas no se compran un velázquez porque no tendrían donde colocarlo. Unos minutos de contemplación del cuadro, incluso a través de una pantalla, autorizan el tránsito ulterior a una mayor variedad de experiencias. Gracias a esta labilidad, un día de hoy equivale a un año de hace un siglo. Hablar en propiedad ha sido desbancado por hablar sin propiedad, y el precio de vivir en alquiler bajará porque –en la era de la reproducción mecánica de Walter Benjamin– la oferta de placeres se ha multiplicado a mucha mayor velocidad que el número de espectadores. La crisis económica se debe a que carecemos de tiempo para degustar la dieta de excitación que brinda el planeta.
A diario, permanecen vacías unos cientos de millones de butacas en espectáculos de toda condición. La pornografía libremente intercambiada por internet no ha acabado con la industria del sexo organizado, sino que amenaza con extinguir el intercambio corporal in vivo. Los costes disparados de la protección de la propiedad intelectual y material arruinan  a quienes insisten en poseer los lugares por donde pisan. Los dueños no pueden permitírselo, los usuarios pasean tranquilamente de una casa a otra. Aparecerá así un nuevo comunismo, porque todos los productos sirven hoy para envolver el bocadillo del día siguiente. Dura competencia para la prensa.

Los asesinos en masa del 11-S y el 11-M son seres humanos. Los etarras son humanos además de españoles, un detalle olvidado a menudo por ambas partes. La ingenua erradicación del comportamiento aberrante, que se justificaría por la pretendida monstruosidad o bestialismo de su autor, es un mecanismo protector para no enfrentarse a los insondables misterios de nuestra condición. Mallorca ha vivido su cuota de esa enajenación, tras el salvaje asesinato de una joven rumana. La atrocidad del suceso no radica en que una fiera sangrienta haya desatado sus instintos, la conmoción se debe a que el autor es uno de los nuestros.
Pese a nuestra habilidad con las evasivas, la barbarie individual nos obliga a rendir cuentas como especie. Somos expertos en eludir la responsabilidad, por lo que nos desvinculamos achacando la pérdida de humanidad del autor del crimen a sus adicciones –en una sociedad que no duerme sin una pastilla previa–. Los psicólogos de ocasión apelan constantemente a la estatura del detenido, han localizado la deformidad lombrosiana cuya singularización sería intolerable en cualquier otro contexto, y que autoriza a expulsarlo de la tribu. En la furia del desalojo, se criminaliza presuntamente al colectivo de quienes no dan una talla determinada, todavía por precisar.
Para incidir en los enfoques por castas, ¿en qué términos de animalidad habría que calificar a quien pone en marcha su coche para atropellar deliberadamente a otro ser humano, de lo cual también tenemos ejemplos próximos pero enclavados en estratos más pudientes? La bestialización del criminal no sólo relativiza su culpa contra lo pretendido, entorpece además su persecución, que debe regirse por la frialdad antes que la pasión. La fijación con el morbo y la deshumanización arrinconan el único aspecto de la tragedia donde se podría intervenir socialmente. A saber, si el autor cumplía con los requisitos para los beneficios carcelarios que disfrutaba, o si el crimen obliga a revisar los mecanismos mediante los que se conceden.

La Uefa no hubiera descalificado jamás a un club de Madrid o Barcelona, y mucho menos al Bilbao. En cambio, el Mallorca obtuvo la quinta plaza en una dura competición y ahora resulta que puede enfrentarse al Barça, pero no al cuarto clasificado de la liga eslovena. Ni Govern ni Gobierno han mostrado su espanto ante la monstruosidad discriminatoria, por lo que la manifestación de hoy debe arrancar detrás de una pancarta donde se lea “Somos una provincia”, versión decantada y realista del “Somos una nación”. Si queda espacio, pueden denunciar que Zapatero ha exterminado el Turismo, actividad casi tan importante como el fútbol.
Debe quedar claro que escucharía un discurso de Antich antes que ir a ver un partido de los mallorquinistas, pero mi calculada indignación se desata porque no se agravia al Mallorca –cuya trayectoria justifica cualquier atropello–, sino a Mallorca. En cuanto a la nula deportividad del Villarreal, que no se ha ganado la presencia en Europa sobre el césped, Antich Siseñor promocionaba recientemente con fotógrafos los establecimientos del dueño de ese equipo. De hecho, el condecorator del Consolat le colgará una medalla a Platini en cuanto se levante de la siesta. Si la cacicada de la Uefa hubiera tenido el sentido contrario, los agraviados boicotearían los viajes turísticos a Son Sant Joan.
El Madrid y el Barça están en peor situación económica que el club mallorquín, según ellos mismos confiesan y puede rubricar una consulta a la Agencia Tributaria. Entonces, ¿por qué expulsan al Mallorca? Porque pueden. Una sociedad que se pliega a los botelloneros y a la mafia del ruido, o que malvende el territorio que no destruye, no inspira ningún respeto internacional. Por eso debe flamear orgulloso el eslogan “Somos una provincia” –”Nous sommes une province et vous êtes des cochons”, en la traducción explícita para la Uefa– sobre la pancarta que portará esta tarde Antich. El president se pondrá al frente de la manifestación, como haría Montilla si hubieran expulsado al Barça de Europa.

Roman Polanski ha articulado la defensa penal más escueta de la historia, “soy un artista”. Es cierto, y no deseo que una zarandaja jurídica me impida disfrutar de una secuela de El escritor, su excelente y última narración cinematográfica. A cambio de su creatividad, le perdonamos excesos sexuales que enriquecerán sus obras, igual que hicimos con Michael Jackson o Woody Allen. Si se tratara de un obispo católico, mi perspectiva se modificaría. Así razonan los progresistas que aplauden el final del arresto domiciliario del director polaco. La izquierda no se distingue por abdicar de sus principios, sino por adaptarlos a la cultura de la celebridad.
Los primeros intelectuales exaltados por el encarcelamiento de Polanski, con el engorroso Almodóvar al frente, se batieron en retirada cuando la calle les recordó que la ley también existe. Tras la primera escaramuza, se revolvieron argumentando que la violación de una menor ocurrió hace 33 años –la prescripción temporal no se acepta si el crimen lo comete un obispo–. A continuación, encarecieron la ejemplaridad de la actual vida familiar del cineasta, que exhibiría una conducta más burguesa que sus acusadores. Aunque disponemos de datos en contra, nos limitaremos al escepticismo y a resaltar la extemporaneidad de ese alegato, porque el arrepentimiento tampoco le serviría de coartada a un clérigo.
En tiempos más bárbaros, la condición artística sería una agravante y la adscripción eclesiástica una eximente, otro indicio de la inmersión en la sociedad del espectáculo. Si a Polanski le redime su arte, un sacerdote pederasta puede esgrimir su fe divina como antídoto de condenas humanas. Y así sucesivamente, hasta convenir en que todos somos desiguales ante la ley. Los códigos se aplican selectivamente según su destinatario. Véase la sentencia del Constitucional sobre los Albertos, más escandalosa que el fallo del Estatut pese a que no ha provocado manifestaciones populares. Frente a estas contradicciones, y como pregona el PP, hay que endurecer las penas contra los indefensos.

Los civilizados holandeses estrenan las prisiones de nueva planta invitando a familias enteras a pasar en ellas un fin de semana, para verificar el grado de confort de las instalaciones. La experiencia de baja intensidad traumatiza a los cobayas humanos, horrorizados ante lo que supondría un solo mes de pérdida de libertad en un centro de detención. En cambio, los mallorquines estamos muy curtidos, por lo que cinco años de cárcel –en la pena confirmada por el Supremo a Rodrigo de Santos, por ejemplo– nos saben a poco, prácticamente una anulación de condena. Supongo que quienes asumen 1.825 días de cautiverio como una fruslería han disfrutado de esa experiencia, con ganas de repetirla en cuanto dispongan de un hueco en su agenda.
Los norteamericanos no consideran que su olímpico Tribunal Supremo esté formado por los diez jueces más justos, ni siquiera por los dotados de un mayor bagaje técnico. Simplemente, se resignan a que alguien debe tener la última palabra. Los magistrados de la instancia española equivalente –los mismos que luchan por expulsar a Garzón de la carrera judicial– tampoco disponen de la verdad. Simplemente, administran la valoración definitiva por consenso ciudadano. Convendrá pues apartarse de las querellas entre juzgadores y atenerse a los hechos, para constatar que la derecha reclama el endurecimiento de las penas para delitos sexuales, salvo que hayan sido cometidos por altos cargos cocainómanos del PP en el ejercicio de sus funciones.
Cinco años de cárcel para Rodrigo de Santos por abusos a menores es una pena durísima, aparte de un diagnóstico del estilo de gobierno del penúltimo Cort. Asimismo, tres años para Bartomeu Vicens por pagar a su contable con dinero público, a cambio de un estudio copiado de internet, demuestra el funcionamiento del Parlament y del Govern Antich que se apoyó en ese diputado. El titular “Un diputado autonómico entra en prisión por solo mil días” es importante para saber que no nos hemos curado de la corrupción, simplemente la hemos relativizado.

A usted también le habrán preguntado cuál es el hilo conductor entre los líderes políticos mallorquines contemporáneos, señores Antich, Bauzá y Melià. Mi respuesta inmediata es “¿a quién le importa?”, hasta que me vence la responsabilidad profesional, y me corrijo en que los tres dominan la sofisticada técnica del balbuceo. Inyectan ese tartamudeo deliberado en cada una de las palabras que pronuncian, meritoria proeza que requiere de mayor pericia que los mofletes acondicionados de Louis Armstrong. Nunca saben lo que van a decir, todas las cuestiones les pillan por sorpresa y con sobresalto, no importa que abandonen el estadio y les pregunten qué resultado se ha producido.
Dada la calidad expresiva del trío de ases, sólo la esclavitud periodística obliga a reseñarlos. Piense por un momento que en el último año no hubiera escuchado ni una palabra de los balbuceantes, en el caso de que lo haya hecho. Nada hubiera cambiado en su vida, que sería incluso más agradable. Un discurso sin curso a tres voces. Nuestra benevolencia tiende a confundir el barboteo con la modestia étnica, pero también elimina la posibilidad de evaluarlos, que equivaldría a enviar al crítico de jazz a juzgar severamente el sonido de los motores de automóviles. Subsisten con todo matices en el gorjeo. Bauzá parece un tipo duro hasta que se expresa balbuciente, deshuesado. Melià se presenta tembloroso y suena áspero. No dispongo todavía de una idea clara sobre el balbuceo de Antich, pero les informaré en cuanto la fabrique.
No hablo o balbuceo desde un complejo provinciano. Intrépidos periodistas de radios y televisiones estatales acometen periódicamente entrevistas al triunvirato. A la segunda pregunta, preferirían emitir marchas militares o recurrir sádicamente a la programación de una ópera, antes que seguir torturando a la audiencia con ese ronroneo a capella. No atribuyan esa maestría en el balbuceo a la siempre vidriosa preferencia lingüística. Farfullan en todos los idiomas que hablan mal. Balbucearían en ruso, aunque sólo hubieran de decir da.

La campaña en curso contra el burka no tiene nada que ver con la opresión de la mujer que vive debajo de esa mortaja, a manos de los hombres que le obligan a llevar sudario. Tampoco es un desafío a la nueva religión verdadera, ni una concesión a las presiones de los artesanos del botox y la liposucción, ni una cortina de humo para disimular la crisis económica y los errores de España en el Mundial. Simplemente, la oleada de condenas intenta neutralizar nuestro artículo preestival y anual contra el pantalón bermudas, una iniciativa altruista que nunca ha ocultado su condición de cruzada.
Gracias a nuestra reiteración y sin olvidar la calidad literaria de estas entregas anuales, un diez por ciento de hombres han renunciado al bermudas. Queda por convencer al noventa por ciento restante, porque la mies es mucha y los obreros pocos. El recorte del burka interfiere en nuestro benéfico apostolado, porque esa tienda de campaña unidimensional es una anomalía minoritaria salvo en Kabul –donde mueren jóvenes occidentales para que no se convierta en la prenda única–. Los partidos mayoritarios cooperan de nuevo para ocultar el problema del calzón corto, más acuciante y sobre todo más ofensivo para los viandantes.
Las modas adelantan que es una barbaridad. Los articulistas ocasionales fuimos instruidos para combatir los vaqueros enfundados en las botas femeninas, la exhibición callejera de camisetas de clubes de fútbol o el bermudas, pero confundiríamos fácilmente el burka musulmán con un pasamontañas cristiano. Esperemos que se nos ahorre la humillación de encuestar a hombres en calzón corto sobre la proscripción del niqab y asimilados. Siempre dialogantes, nos aferramos a la transacción del dos por uno, y encarecemos al legislador a que incluya al bermudas entre las prendas intolerables, porque degrada a su espectador. Se trata de prohibir por favor, con educación. Sólo así se persuadirá a millones de personas desencaminadas de que la pantorrilla es la sección menos erótica del varón humano.

La consellera de Medio Ambiente del primer Pacto de Progreso fue crucificada por los hoteleros mallorquines, cuando declaró que a la isla le convenía una reducción sensible del número de turistas. Pronto la desautorizó el mayordomo Antich, que sigue ocupando el mismo cargo. Sobre ella recayó la acusación de lesa traición por alentar publicidad negativa, si bien el escándalo fue muy inferior al generado hoy por la corrupción de los Governs de Matas y del PSOE, masivamente respaldados por el circo turístico a punta de pistola.
Una década después de que un sector ciego y un president amedrentado negaran la realidad, las cifras oficiales de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras confirman que Mallorca ha perdido la décima parte de sus turistas en solo un año. Por no hablar de que las estancias son más cortas y de que, al precio ridículo que abonan los visitantes, su única función consiste en disuadir al turismo de calidad. No se pueden exigir cientos de euros diarios a viajeros de golf y club náutico –ahora también sobran amarres, vaya por Dios–, cuando otros veraneantes disfrutan del mismo paraíso por treinta euros, en hoteles que no deberían existir. En resumen, se están cumpliendo las predicciones de la consellera excomulgada.
El Govern seguirá malgastando –por no emplear la palabra más correcta y que también empieza por “mal”– millones en publicidad, pero esos turistas no volverán. La reducción acompasada se justificaba para dispensar un trato esmerado a un número más reducido de visitantes, que se sentirían menos agobiados. Era una muestra de respeto al cliente que siempre tiene razón, pero esos argumentos rezuman misticismo para los hoteleros voraces y la izquierda inepta. Por tanto, la caída viene decretada hoy salvajemente por su amantísimo mercado, sin atender a la destrucción ecológica irreversible y al gasto social desbocado. Cuando se alcance la cifra de visitantes avanzada con sensatez por la ex consellera, será demasiado tarde para darse cuenta de que Mallorca no debió llegar jamás al millón de habitantes ni a los diez millones de turistas.

Los mallorquines de diez años de edad son los más ignorantes del Estado, en las restantes edades ni siquiera aparecemos en la clasificación. Además, a quién le importa España, cuando puedes comprarte un todoterreno vendiéndole dos cuarteradas a un alemán. La encuesta del ministerio correspondiente sólo demuestra que los menores han aprendido el valor que su sociedad concede a la educación, fijándose en el comportamiento de sus mayores. Si fueran más cultos que la generación de Jaume Matas y Francesc Antich –hermanados en currículum y comportamiento político–, se sentirían unos inadaptados en su entorno.
No saben nada los niños. Para empezar, no perderán ni un segundo leyendo los resultados de la encuesta ministerial. Además, si Angeles González-Sinde es lo que en España entienden por Cultura, mejor dedicarse al hooliganismo. Sólo Chiquito de la Calzada aceptaría un premio de esa ministra, aunque se lo pensaría si también se lo entregara Antich, que por fortuna queda fuera de la edad investigada. La sintonía de los chavales mallorquines con la legendaria ignorancia de su Govern se atribuye al descuido paterno. Antes al contrario, los menores están sometidos a una estricta vigilancia. En cuanto uno de ellos agarra un libro, es remitido de inmediato a un psicólogo, para someterlo al oportuno electroshock.
El Govern responderá a la encuesta infantil formulando una queja ante el ministerio sobre la dificultad de la prueba, porque a Antich también le costó resolver las preguntas que conforman el test de Educación. Sin embargo, hay que desmentir los rumores de que el president dejó en blanco todas las casillas. Con la ayuda de su círculo intelectual, rellenó casi la mitad de respuestas. También colaboró la inminente ex ministra de Cultura, que asoció en un apartado los términos “Paquirrín” y “mecenas artístico”. Debemos mimar a estos mallorquines de diez años, porque alguno de ellos llegará a la presidencia del Govern. De hecho, podríamos instalarlo hoy mismo en el Consolat. Nadie notaría la diferencia.

La epidemia de sinceridad obliga a confesar que este artículo se tituló en su génesis con el chavista “Que se calle Felipe”. Si se ha sacrificado el atractivo exabrupto en aras de un enunciado literalmente más presentable –”Que se presente Felipe”–, se debe a que González apela a nuestros mejores instintos, en tanto que Aznar saca lo peor de nosotros. Sin embargo, aquí se agotan las diferencias, porque la inveterada tendencia de los españoles a dejarse aleccionar acríticamente les impulsa a aclamar a cualquier espontáneo que se encarame al púlpito. Por lo menos, mientras atizan la pira donde su pasión iconoclasta arrojará al predicador, en ocasiones sólo en efigie.
Desde que se ha agudizado el colapso económico, cuesta conectar con un portal mediático sin que aparezca Felipe González adoctrinando, amonestando, aconsejando y demás gerundios que sintetizan el ejercicio del poder sin someterse a las siempre engorrosas elecciones. Si un gobernante desplegara su repertorio de vaguedades enfáticas, sería convenientemente apaleado por la población. Sin embargo, se expresa sin ningún compromiso porque aprovecha la simpatía retrospectiva que genera el olvido de su gestión. Defiende unos intereses que no destapa, y que el agotamiento de la saña histórica que concentró nos invita a la delicadeza de no indagar.
El González oracular no representa nada, aunque siempre se puede aprovechar su fenomenal experiencia para no convertir al Estado en la gigantesca máquina de corrupción en que desembocó su mandato. Se inserta en la tradición de Olli Rehn, el comisario finlandés cuya cara no podría identificar el noventa de la población, pero que desde la UE amenaza periódicamente a España con la condena a los infiernos. ¿Quién los ha elegido? Que se presenten a las elecciones, un trámite que no mejorará su eficiencia pero justificará el escrutinio ajeno. De lo contrario, la renuncia a la soberanía avalará la preocupante sensación de que la opinión pública prefiere obedecer a quienes no ha votado.

Artículo 1. La edad de jubilación se fija en 132 años. Si el trabajador falleciera antes –uno de los fraudes más frecuentes en el absentismo laboral–, el tiempo no cumplido será acumulado sobre sus herederos.
Artículo 2. La baja laboral por enfermedad sólo se concederá a partir de una pérdida acreditada de dos litros de sangre por hora. En caso de sufrir un infarto en el lugar de trabajo, el empleado será reanimado por sus compañeros, con voces del estilo de “Animo, Paco, que sólo es un sofocón”, acompañadas de tranquilizadoras palmadas en la espalda.
Artículo 3. Se mantiene íntegramente la indemnización de 45 días por año trabajado, por considerarse un derecho inalienable, pero esa cantidad será abonada a partir de ahora por el trabajador a su empresa, en compensación por la formación y trato recibidos.
Artículo 4. Una vez que se haya desprendido de toda su plantilla, una empresa podrá despedir también a los trabajadores de otras empresas sin relación con la suya, para agilizar así los flujos del mercado laboral.
Artículo 5. El salario mínimo interprofesional alcanzará su definición más exacta, un euro al mes. El salario máximo será el botín.
Artículo 6. Se mantienen sin variación los derechos a vacaciones, que serán disfrutadas cada año por un diez por ciento de la plantilla tras el oportuno sorteo, a fin de preservar la productividad.
Artículo 7. El arbitraje en caso de conflicto entre trabajador y empresa será resuelto semanalmente en el programa Sálvame de luxe, para soslayar los retrasos de las tramitaciones judiciales.
Artículo 8. Las pensiones para jubilados tendrán bidé y habitaciones de un mínimo de seis metros cuadrados.
Artículo 9. Serán despedidos todos los trabajadores que escriban artículos estúpidos ridiculizando una reforma laboral valiente, a la que nunca se hubieran atrevido los gobiernos del Generalitísimo Franco.
Firmado: José Rockefeller, ministro de Trabajo.

Un clásico diría que el periodismo es el arte de entrevistar. Un cínico añadiría que periodismo es el arte de entrevistar a personas que no tienen nada que decir. Me inicié en esta doctrina con una concienzuda entrevista a María Jiménez, tras la cual su manager me dijo “pon lo que quieras, ya sabes cómo funciona esto”. Después de escribir más de dos mil entrevistas y de leer más de veinte mil, puedo concluir que la mitad de conversaciones que transcriben los medios jamás debieron ser publicadas, si se aplicara un mínimo control de calidad. Ante esa evidencia, el falsificador italiano Tommasso Dibenedetti ha negado a sus entrevistados la posibilidad de engañarle o de aburrirle, por el expeditivo método de inventarse encuentros periodísticos con las grandes personalidades del planeta.
El error de Dibenedetti no consiste en la atribución mentirosa de citas a Ratzinger, Gorbachov o Saramago –para inventarle una entrevista con el portugués, basta espolvorear generosamente cualquier frase con raciones generosas de la palabra “yo”–. Su fallo radica en la ocultación. Si hubiera advertido de que las entrevistas eran falsas, hubieran atraído a un mayor número de lectores. Hubieran sido más efectivas y, por tanto, más reales, porque no hubieran sido confundidas con la papilla insípida que se sirve profesionalmente bajo ese formato.
Gracias a sus entrevistas falsas, ahora los grandes periodistas entrevistan a Dibenedetti. Después de todo, Vila-Matas se vanagloria de su falsa entrevista a Brando –la literatura como refugio del desprecio a la literalidad–, y Francisco Umbral publicaba extensas y geniales conversaciones sin tomar ninguna nota ni grabación de sus encuentros. Es decir, la entrevista es un retrato a cargo del entrevistador, donde la víctima debe limitarse a posar en silencio. De hecho, la mayoría de entrevistados sólo denuncian inexactitudes después de recibir las reacciones de sus próximos. No ha empeorado el periodismo, ha empeorado la realidad O, por citar la inevitable última pregunta, ¿tiene usted algo que añadir?

Acabo de ver a un matrimonio y a sus dos hijos, todos ellos impecablemente rubios, a un paso del agua en una playa mallorquina. No se atrevían a introducirse en el mar, dada la notable concentración de basura en su interior, equiparable en su variedad a la gama de productos de una gran superficie. Por supuesto, no volverán jamás, y disuadirán a sus vecinos. Los mallorquines no se enteran porque viajan mucho, pero la corrupción literal de las playas daña más al turismo que la corrupción profesional de los políticos locales. Para solucionar la primera, bastaría con encargar la retirada manual de támpax playeros a los doctos funcionarios que compiten vergonzosamente con la iniciativa privada, mediante la elaboración de estudios que descubren la dependencia de Balears del mercado alemán. Quién nos lo iba a decir.
Será casualidad pero, conforme se multiplican los estudios turísticos pagados con fondos públicos a empleados públicos, disminuye el número de turistas. El único informe interesante debería calcular cuánto nos cuesta cada visitante en informes superfluos, mientras las playas siguen asquerosas. El escándalo de Inestur no radica en la adjudicación fraudulenta de un concurso al mejor amigo de Antich, sino en la mera existencia del proyecto con independencia de su beneficiario final. De hecho, el vencedor encarecía las virtudes del nordic walking. A limpiar las playas con él.
Nada más lejos de nuestra intención que menospreciar la importancia crucial del no how mallorquín, pero la crisis ofrece una excelente oportunidad para reconstruir la autonomía y la economía de abajo arriba. Una vez que dispongamos de un producto playero saludable, ya podremos malgastar el dinero torturando a los turistas con estudios sociológicos, tan inútiles que ni siquiera empeorarían la suciedad de las costas si los arrojáramos al mar. La consellera de Turismo y de no sé cuántas cosas más debiera ser la primera en sumarse a la iniciativa. Para ello, podría participar en una recogida masiva de salvaslips en cualquier playa, seguida del pertinente aperitivo.

Las encuestas políticas deberían limitarse a preguntarnos a quién vamos a votar, porque como cobayas no damos para más. Una de las absurdas preguntas de la plaga de sondeos que se abaten sobre nosotros plantea, “¿cree que Zapatero (o Rajoy) debe ser el candidato de su partido en las próximas generales?”. Este pronunciamiento se requiere indiscriminadamente de los potenciales votantes socialistas o conservadores, y equivale a preguntarle a los madridistas si creen que el Barça debe alinear a Messi en el próximo enfrentamiento entre ambos clubes. Si el 90 por ciento de los votantes del PP consideran que el presidente del Gobierno no ha de presentarse, quiere decir que lo ven como un rival de cuidado, y entonces es la mejor opción del PSOE.
Por desgracia, Zapatero no puede refugiarse en que sus datos pésimos surjan del miedo que inspira entre sus rivales. Consensuando los infinitos sondeos, dos de cada tres votantes socialistas prefieren a otro cabeza de lista. Es un resultado tan chocante como si los madridistas prefirieran no alinear a Cristiano Ronaldo contra los azulgrana. Rajoy no lo tiene mejor, porque la mitad de sus votantes verían con agrado que se apartara de la carrera electoral por el bien del PP.
Zapatero y Rajoy no son despreciados por sus rivales, sino por sus teóricos correligionarios. Son dos huérfanos que se han quedado sin partido, después de ser expulsados de su propia casa. Nunca en la historia se había producido una disociación tan acusada entre los líderes con posibilidad de victoria y sus respectivas formaciones. De ahí que sus puntuaciones personales se hundan simultáneamente. La pregunta sobre el favorito en las elecciones debería incluir en las encuestas una casilla para “cualquiera menos Rajoy y Zapatero”, que desbancaría a cualquier otra opción. La hostilidad de PP y PSOE contra sus líderes respectivos no amainará, pero la participación acabará siendo la habitual. No hay que menospreciar la capacidad de la prensa, para montar un gran circo electoral a partir de la nada multiplicada por dos.