Al Azar

Apelamos a la autoridad moral de escribir la columna más leída por los compromisarios del PP, para recordarles que Delgado no es Obama, y que no todas las diferencias entre ambos saltan a primera vista. La réplica inmediata absuelve a Estarás de cualquier parecido con Hillary. La vicepresidenta de Matas no tiene nada que envidiar al fugado, pero la ambición de Delgado viene catapultada por la mentira de jurar fidelidad a su dama, para traicionarla a la primera oportunidad. La derecha se debate entre dos malos conocidos, que entierran a lo bueno por conocer. Son más aliados que antagonistas.
En Delgado, la sinceridad brutal debe decantarse de la falsedad tozuda, o de la habilidad para desenmascarar a la tramposa Estarás –que se querellará contra quien le acuse de jugar limpio– y a su socio, el inefable Martín Soledad. El aspirante a la presidencia del PP obtuvo la alcaldía de Calvià pactando con los nacionalistas. Su selectividad memorística demuestra que de las potencias de entendimiento, memoria y voluntad sólo derrocha la tercera. El alcalde heterodoxo comparte el coraje con Esperanza Aguirre, del mismo modo que la número dos de Matas pasará a la historia, junto a Rajoy, por haber instalado a su partido en la adicción a las dulces derrotas.
Delgado es un miembro de las gloriosas expediciones que confluyen en Moscú durante la conquista del Rasputín, mientras que Estarás aporta al Parlament los gastos en el prostíbulo y vicepreside el Govern con más casos de corrupción de la historia del Mediterráneo. Hablan el mismo idioma, así en Mallorca como en Formentera. La candidata administra el legado de Matas, y el alcalde recuerda a Rosa Díez. Los militantes del PP, convencidos de que votar a Rajoy sobre Zapatero era el mayor sacrificio que iba a exigirles su partido, comprueban que siempre se puede empeorar. Quienes militamos en la derecha por falta de convicciones, denunciamos que cada vez se nos exige una fe mayor para apoyarla. Por cierto, Delgado, Obama, Estarás y Hillary son abogados. Acabáramos.

El Gobierno no desmiente que haya pagado a los piratas que secuestraron a un pesquero español. En todo caso, avala el desembolso de 800 mil euros para liberar a la tripulación. El Estado reniega de sí mismo para perpetuarse. En un redoblado esfuerzo de solidaridad con las mafias internacionales, ha degradado su labor hasta lo miserable con dinero ajeno. Para colmo, se jacta de su protección de la piratería por boca de María Teresa Fernández de la Vogue, que habla de éxito en el diálogo y entendimiento con los terroristas subvencionados. La tarea debió ser encomendada al debutante ministerio de Igualdad entre la ley y el crimen.
Según la doctrina Gadafi –el único terrorista bueno es el terrorista rico– ahora afianzada, el Gobierno que paga el impuesto revolucionario debe estimular a los empresarios vascos a que actúen en consonancia. De lo contrario, que se atengan a las repercusiones sobre su salud. Numerosos crímenes de ETA se habrían evitado, a cambio de cesiones a los terroristas. La norma debe ampliarse a las organizaciones mafiosas que ofrezcan protección pagada. Como secuela insignificante, la subvención a los secuestros invita a su proliferación. El ejecutivo impulsa decididamente el terrorismo al sufragarlo, puesto que el dinero abonado se destinará a obtener armas y naves que perfeccionen la piratería.
Acceder a las condiciones de los atracadores de un banco con rehenes –también en la sucursal bancaria se produce el reparto de la riqueza que reclaman los ecoguerreros somalíes– facilitará la resolución de conflictos. Procede en todo caso establecer un sistema sensato de tarifas, y demandar tal vez la cotización fiscal de las cifras entregadas a los antiguos terroristas desde países de la UE, para subir el sueldo a los eurodiputados. Se cierra así el círculo. Los pesqueros esquilman las aguas territoriales somalíes, los piratas se disfrazan de ecologistas y actúan como recaudadores del país africano. Este Gobierno no negocia con terroristas. Se limita a aceptar sus condiciones. Integramente y al contado.

Nos hemos regocijado con el gracejo incombustible de Eugenio Hidalgo y con la bulimia atleticosexual de Rodrigo de Santos. Sin embargo, ansiábamos un filósofo de la corrupción, alguien que nos afianzara en la convicción de que nuestro dinero había sido malgastado para salvaguardar unos principios suficientemente innobles, no sólo para saciar unos apetitos primarios sin esquema vertebrador. Ha acudido en nuestra ayuda Damià Vidal, al asegurar que había abusado de las arcas públicas para mantener su “elevado tren de vida”. Por fin contamos con un teórico de la sustracción masiva.
El manifiesto del director de Bitel esconde una auténtica reivindicación –si la sociedad quiere representantes con tren de vida, ha de pagarlos–, y debería ser una eximente para su conducta. Sólo un corazón de piedra dejaría de conmoverse, ante el drama de altos cargos obligados a sucumbir a todas las tentaciones. Los políticos viven por encima de la media de la población, y de su propia vida lejos de la función pública. Se sacrifican, al ensanchar su estado del bienestar hasta límites patológicos. El repertorio de enfermedades profesionales de la política se enriquece en Vidal con un cuadro de shopaholic o comprador compulsivo. Cómo extrañarse de que abonara el tratamiento, contra esta plaga lacerante, con la tarjeta de cuyo abuso quería curarse.
Los votantes deben decidir por qué sólo eligen a hombres nacidos contra sí mismos y con tren de vida. Si De Santos o Vidal han de penar su comportamiento –y creemos que no–, pueden alternarse en horario nocturno y diurno, de acuerdo con sus adicciones. En Casa Alfredo se enterró el sueldo medio de un trabajador durante tres años. En Bitel se fundieron treinta salarios anuales. Para que el tren de vida mantenga su velocidad, el restaurante favorito de Matas ha sido ocupado por los socialistas, que comen más porque han pasado más hambre. Lo racional sería prescindir de políticos, hasta que se interpone la sentencia inapelable de Dostoyevski, “su naturaleza de hombres reclama la autoridad”. Ferroviaria, añado.

El ciego se percata de que el Lazarillo de Tormes se estaba comiendo las uvas tres a tres, porque “comía yo dos a dos y callabas”. La escena compendia la picaresca desarrollada por el PP balear en la anterior legislatura. ¿Por qué nadie denunció a Rodrigo de Santos? Porque sus correligionarios se afanaban en sacarle un rendimiento todavía mayor a su estancia en el poder. El número dos de Cirer no era una rara avis, sino un ave de rapiña más en el aviario conservador. Ocupados en saquear Bitel, comprarse palacetes, manipular IB3 desde la vicepresidencia, expoliar el consorcio Turismo Jove, refocilarse en el Rasputín, alquilar a hoteleros inmuebles inservibles, sufragar mitines de Rajoy con fondos públicos y desguazar Mallorca en el Plan Territorial, la inversión pública en Casa Alfredo debía parecerles inocua.
Hemos exagerado con Rodrigo de Santos, que se halla en la media de corrupción del PP. Dado que nos han prohibido fijarnos en el sexo, dónde está su escándalo. Su presupuesto para el ocio privado a pagar por la ciudadanía era ajustado, cuando se compara con otros departamentos del PP. El concejal era un angelito, por lo que es lógico que sea el único no detenido. Una cifra corrupta no tiene sentido al margen de su contexto –el dígito 2 no significa lo mismo en 20 que en 200–, por lo que el teniente de alcalde de Cort parece de repente un político perezoso en el seno de su partido. Se le podría condenar por falta de combatividad en el aprovechamiento privado.
Al situar al lugarteniente de Cirer en la media de succión del PP, ya disponemos de datos para tabular las cifras que se embolsaban los cargos populares por sus desvelos. Si en una empresa modesta como Bitel se conseguía sustraer más de cien millones para su director, ustedes mismos pueden calcular las cantidades a repartir en ámbitos de más ringorrango y presupuesto. Ni siquiera nos alumbra la certeza de que Rodrigo de Santos fuera el autor de las mayores proezas sexuales de su partido, aunque mejor no investigarlo.

En el suma y sigue de la corrupción del PP balear, venimos de descubrir que el director de Bitel, colocado por Matas al frente de Bitel después de que su peritaje fuera decisivo para absolver al Govern en los tribunales del caso Bitel, se apropió presuntamente de más de cien millones de pesetas de Bitel. Enhorabuena por el enésimo triunfo en Mallorca de la ciencia jurídica, que supo discernir la inapelable reputación científica del ahora detenido. ¿Qué valor tendría hoy un peritaje informático sobre Bitel del experto Damiá Vidal? Dado que sus conocimientos informáticos no han variado en los últimos tiempos –en todo caso habrán aumentado–, con la respuesta a ese interrogante queda establecido el valor de la sentencia de Bitel, y su conexión con la realidad de lo sucedido.
En el terreno político, los defensores judiciales de la pureza de Bitel ocultaban con especial obstinación que el espionaje desde el Consolat de Matas de los correos de urbanismo del Consell, en manos del PSOE, tenía lugar a través de una empresa presidida por Rosa Estarás cuando se produjo el desvío masivo. Para justificar el “error” angélico en un Govern incorruptible, se imponía dar la imagen de un Bitel neutral. Otros destacados miembros del PP se sentaban en el consejo de la empresa ejemplar.
Rosa Estarás, la impoluta presidenta de Bitel en tiempos de espionaje. Además, exigió disculpas a la población, cuando el Govern se salió con la suya gracias al peritaje del supuesto ladrón. Lo sugerimos con miedo, porque la líder vacilante del PP ha anunciado que se querellará contra cualquiera que diga la verdad sobre su gestión. Sólo esperamos contar con los mismos jueces que ella. Si la huida de Matas a Miami está en proporción a los desmanes de su Govern, su vicepresidenta debería haberse exiliado a Hawai. Como no hay mal que por bien no venga, el caso Bitel II rehabilita al fallecido Francesc Quetglas y al fiscal Miguel Angel Anadón, que arriesgó su carrera al servicio de la justicia. Mallorca, donde todas las victorias son morales y todas las derrotas son inmorales.

Los socialistas no son ecologistas, ni tienen la mínima preocupación por el medio ambiente. Por fortuna, sus votantes han reconducido el erróneo patrón de progreso que alumbra a la izquierda carpetovetónica, y la han obligado a maquillar su disgusto por la conservación. Sin embargo, la recidiva era inevitable en un colectivo tan cuadriculado. A la primera oportunidad, el hipersensible Zapatero se ha desembarazado del enojoso ministerio de Medio Ambiente, preservando las carteras de Cemento y creando otra de Tecnología. (¿Recuerdan los tiempos en que jamás hubiéramos puesto la palabra Zapatero en un titular, por su escasa comercialidad? Hoy este artículo será castigado por
atentar contra el infalible líder providencial).
A las reminiscencias de los planes quinquenales se le suma el cálculo, la convicción de que la denuncia del urbanismo corrupto –valga la redundancia– no reporta beneficios electorales. Cuentan que Fernández de la Vogue le recriminó a Cristina Narbona que su actividad de denuncia en la costa levantina le haya costado el fracaso como candidata en Valencia. Todo antes que reconocer las propias limitaciones, o de recordar que el tímido renacer de la izquierda en Balears sí está ligado a una esperanza medioambiental.
A instancias de De la Vogue, el presidente no sólo ha suprimido a la ministra, sino al ministerio entero. En campaña, y tal vez aleccionado por su vicepresidenta, Zapatero no mencionó el urbanismo ni la corrupción –tampoco en los cara a cara con Rajoy, representante del ala derecha del partido único–. Habrá tiempo para comprobar la magnitud del retroceso, observando la continuidad de las grandes operaciones policiales. Reducir la persecución a un espejismo es la decisión más peligrosa para Mallorca del nuevo Gobierno –por encima del nombramiento de Mesquida, pero hoy seremos buenos chicos–. Aquí la preservación es una cuestión de vida o muerte, salvo que ya sólo queda en pie la segunda parte de la disyuntiva.
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Tras el nombramiento de una ministra de Defensa, la equiparación de los sexos se perfeccionará cuando un hombre pueda desempeñar el cargo de ministro de Igualdad. De momento, la hija/o de Carme Chacón es el ser humano más joven que ha pasado revista al ejército español, triunfante desde Flandes a Perejil. Con esta iniciación uterina, algún día será teniente general con mando en un país asiático. No se entretendrá con soldaditos de plomo –los juguetes bélicos están prohibidos por el progresismo–, sino que le regalarán directamente un kalashnikov. En fin, los hombres nunca serán tan duros con las mujeres como ellas mismas. Fue Dolors Nadal, la candidata del PP por Barcelona, quien recriminó a Chacón que utilizara su embarazo como arma electoral, más temible que un lanzagranadas.
Hasta el circunspecto Zapatero tiene que haberse regodeado en la ironía de que sus generales se cuadren ante una mujer embarazada. Y por fuerza tiene que haber reforzado esa imagen con una carcajada llena de talante, ni Boadella le supera ya en acidez provocadora. La culminación de la pasión dinamitera del presidente ocurrirá cuando cree un ministerio de la Iglesia Católica, para colocar a una mujer al frente del mismo.
Chacón se militariza con la graduación de mujer joven embarazada. Al relegar a un cuarto lugar su condición de catalana, Zapatero también ha propiciado una revolución en el santoral de mitos a exorcizar. Desde la óptica feminista, no hay que resolver si una mujer puede ser ministra de Defensa –es evidente que sí, hasta un hombre puede desempeñar ese cargo–, sino si una feminista debe aceptar las responsabilidades de las guerras que matan a hijos, aunque ahora sean hijos de inmigrantes. Las monsergas sobre la Defensa como objetivo común democrático es una pálida excusa, cuando la mayoría de lectores de este artículo –empezando por Aznar y Zapatero– guerrearon en su juventud para no hacer el servicio de armas. Ningún sexo se resiste a la fascinación por los artefactos mortíferos, más seductores que el poder desarmado.

Para curar su obsesión con un “circo mediático” en la declaración de Rodrigo de Santos, la juez Ana San José montó un “circo judicial”, mucho más entretenido. El descarado trato de favor al concejal ultracatólico del PP no tenía por objeto esquivar a los ciudadanos –la prensa es una mera intermediaria–, sino humillarlos. Ante la autosuficiencia que denota ese comportamiento, cabe recordar que los periodistas preferimos informar de Carla Bruni que de un juzgado que, hasta donde sabemos, no es propiedad privada. Gracias a su ignorancia mediática, San José ha desacreditado además cualquier iniciativa de la Justicia en torno al segundo de Cirer. En contra de su objetivo, ha multiplicado el efecto de la no-declaración tomada en horario intempestivo de privilegio.
El viernes se sumó a la fiesta Francisco Martínez Espinosa, decano de los jueces de Palma. En su dicharachera versión, el trato de favor al concejal que dispone de ley privada –que eso significa privilegiado– no vendría sustanciado por una foto de más o de menos. Curiosa visión de la democracia, a cargo de un juez que no pierde oportunidad de hacerse una foto. Su interpretación ahonda en la concepción de los periodistas como viciosos que captan imágenes en los juzgados, olvidando que es su profesión. Coincidamos con él en que retratar a De Santos o a magistrados por placer entraría en el terreno de las perversiones.
Quien no ha comparecido por parte alguna es Antoni Terrassa, que ocupa un cargo político como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears. No sirve de consuelo que en privado se considere engañado. Debería aclarar si Rodrigo de Santos va a seguir juzgándose a sí mismo, una vez que esa evidencia ha creado más alarma social que los pintorescos hábitos del concejal. También puede explicar por qué su instancia judicial paga un gabinete de prensa –con nuestro dinero– para difundir información falsa. Sin embargo, este artículo no es una reivindicación sino una súplica, la misma que en su día formulamos al PP: No nos avergüencen más.

De qué sirve prohibir que los pasajeros suban bombas al avión, si después les permites que hablen por teléfono durante el vuelo. Hasta hoy mismo, había que elevarse a diez mil metros para liberarse de la última plaga telefónica. Las compañías aéreas quieren anular esa frontera. Me río de las teorías sobre manos invisibles que gobiernan los destinos del planeta, salvo en el gremio de la aviación. En el aire, la confabulación es innegable. Los registros aeroportuarios son ilegales, y no interceptarían ni al mismo Bin Laden. Además, los amos del tráfico aéreo se reúnen periódicamente, y repasan su catálogo de técnicas de ensañamiento con las personas que transportan enlatadas. Uno de ellos destacó que “ya no podemos acercar más los asientos, sin hacer que la fila 7 vaya por delante de la 6”. Otro, más taimado, quiso atacar la resignación del pasaje:
–Están muy callados últimamente, estos bergantes.
Así se ideó el tormento de condenarles a hablar por el móvil durante el vuelo. Si usted pensaba que sentarse al lado de un ser malhumorado como yo en un avión ya era suplicio suficiente, aguarde a que deba soportarme en ese mismo trance mientras comento por teléfono las incidencias del viaje, con una terrícola a la que no le interesan lo más mínimo.
En medio de este aerodrama, convendría recordar que es de mala educación hablar por el móvil –gritar, en realidad– en presencia de espectadores. La mayoría de personas no usan el artefacto para dirigirse a un interlocutor, sino para flagelar a las víctimas inocentes que les rodean. Ese fenómeno ya ocurre en los aviones sin móviles, donde la mayoría de conversaciones de viva voz se componen de bravatas –”vamos a vender”, “y yo le dije”– encaminadas a que el resto del pasaje se crea que el parlanchín no pertenece a la clase de ganado en que viaja, sino que debería volar en business. Los asientos asignados de antemano han sofocado esos alardes de oratoria, que el terrorismo aéreo con móvil quiere desenterrar. No en mi nombre. Los aviones, inmovilizados. De lo contrario, me van a oír.

Habéis vuelto a perder las elecciones. No me estoy dirigiendo únicamente a los votantes del PP o de la izquierda, también a los del PSOE. Esta semana se escenifica en el Congreso vuestra pérdida del poder, que arranca el lunes 10-M. Habéis enviado a Madrid tres centenares largos de diputados, que ahora trasvasan vuestros sufragios a un solo individuo –Zapatero, pero sin personalizar, esto no va con él–. La democracia ocurre cada cuatro años, por lo que sois ciudadanos en paro hasta 2012. No dramaticemos, porque sabíais de sobra que vuestros elegidos iban a abandonaros a la primera oportunidad, lo cual encarece su mérito seductor.
Una vez proclamado por el Parlamento, el señor Zapatero –pero no singularicemos, nos ocurrió antes con otros menos previsibles– ya puede ignorar a la cámara, y a vosotros por añadidura. Los diputados le ceden vuestro poder. Durante la campaña electoral, todos los candidatos parecían dispuestos a escucharos. Se entregaron a vosotros con pureza virginal, nunca alegaban una jaqueca para soslayar el acto electoral. Llevaban la sonrisa impresa en el rostro, ahora vuelven a ofreceros sus expresivas espaldas. Si queréis refugiar vuestra desazón en la importancia del parlamentarismo, repasad los discursos de los diputados durante la pasada legislatura. Si lográis recordar alguno, obviamente.
Zapatero se despide de ustedes, blindado detrás de una muralla de cifras. Se ha desembarazado de vosotros con brusquedad no exenta de elegancia –cuando decía “ciudadanos”, debíais traducir “adiós”, pero no particularicemos–. Si necesitáis consuelo, vuestro protagonismo ha sido efímero pero intenso. Ahora, a descansar. Durante cuatro años sólo os expresaréis a través de los sondeos de opinión. Por desgracia, también han aprendido a neutralizar los estudios demoscópicos, con su inapelable “la única encuesta válida son las elecciones”. Esa receta no obedece a una cautela pragmática, sino a arrinconar vuestro pronunciamiento. El mayor logro de Occidente es la emancipación consensuada del poder.

Tardarán en apagarse los ecos de la excelente crónica de Mateu Cuart en estas páginas, “Tal vez nuestros nietos o bisnietos lleguen a entender la obra de Barceló”. El texto recoge los improperios sistemáticos de los guías turísticos de Mallorca –de cuya erudición artística no nos atreveríamos a dudar– ante la intervención barceloniana en la Seo. El pintoresco comportamiento ha llenado de estupor a visitantes de diversa gradación. Compendia a una profesión y a una isla, corroborado además por la carta colegial de protesta contra la pieza periodística. Nos negábamos a abordar la polémica, porque sólo nos atrapan los asuntos culturales pero, aquí y en Rodrigo de Santos, la doble moral ejerce un magnetismo irresistible.
Hay tantos motivos para apreciar a Miquel Barceló –la primera Capilla Sixtina del siglo XXI– como para denigrarlo –parece una decoración de chiringuito de playa–. El lenguaje abusivo gana en autoridad cuando es emitido por guías con varias licenciaturas en Historia del Arte, pero nos interesa aquí su duplicidad al mofarse del lienzo cerámico cuando sólo Dios está mirando, en tanto que se rasgan las vestiduras farisaicas al ser sorprendidos in flagrante.
Defendemos simultáneamente la libertad de los guías y a los guías de la libertad. Están en su derecho a convertirnos en el hazmerreír de la prensa mundial, a denigrar el patrimonio mallorquín con la misma base estética que un canónigo catedralicio, a intercalar chirigotas de Chikilicuatre. En suma, a ponerse a la altura de la capilla que denigran y a vanagloriarse de su ignorancia. Lo incomprensible es su irritación cuando se recogen sus comentarios, en vez de recriminar a quienes desacreditan su profesión. Para la historia quedará una pieza periodística y el rutinario ridículo gremial de “No nos parece justo el tratamiento”. En efecto, el autor se quedó corto, fue más respetuoso que sus sujetos. En cuanto a la utilidad del siempre denigrado periodismo, ¿verdad que los guías han moderado esta semana su repertorio de chistes baratos junto a la capilla del Santísimo?

Los dictadores del ladrillo, los mismos que hace un año se ufanaban de que los precios de sus pisos mal construidos se dispararían hasta la estratosfera, ahora imploran a los ciudadanos que se encadenen de por vida a una hipoteca asfixiante. No por caridad, sino por patriotismo, el último refugio de los canallas. Nunca tan pocos han hecho tanto daño a tantos y a tan buen precio. Cuando su ignorancia los aboca al desastre, acusan solapadamente a los consumidores de ser renuentes y de no dejarse engañar. Actúan igual que los obispos y los catedráticos de universidad, por citar a otros púlpitos que se están vaciando de público.
El mensaje de los destructores industriales del paisaje es claro: Deje usted de comprar este periódico, o un libro, o de comer adecuadamente para comprarles una vivienda, porque se han quedado sin gasolina para el tercer yate. Hay que seguir pagando el doble de lo que valen sus cajas de cerillas, ahora patrióticamente. Ocultan que su negocio obsceno se ha venido subvencionando, a base de desgravaciones fiscales, con el dinero de los antipatriotas que no han comprado pisos. La educación y la cultura había que pagarlas, la destrucción del paisaje la sufragaba el Estado. ¿Hay que extrañarse de que el fruto sea una sociedad inculta en un corsé de hormigón?
Con todo, lo peor no es comprarles un piso, sino verse obligados a seguir aguantando su discurso mendaz. Si no previeron lo que iba a ocurrirles –salvo en el capítulo de que nosotros pagaríamos su desplome–, por qué habríamos de atenderles cuando insisten en que ahora sí conocen el futuro de su gremio. Asistimos a la automedicación de los internos del manicomio. ¿Quiere solucionar el problema de una hipoteca abusiva y que además no puede permitirse? Niéguese a seguir pagando, también por patriotismo. En cuanto la abstención contagie a un número suficiente de esclavos, se hará imprescindible la renegociación. No es un argumento subversivo, sino la misma coartada del mal en peor que imponen los autores de la estafa del cemento.

El fuego graneado que recibe Rajoy desde la ultraderecha sería un buen argumento para apoyarle, probablemente el único. La imagen de un líder conservador que ha de desembarazarse de las presiones de su partido causa hilaridad y cierta simpatía, hasta que el diplomado en derrotas se embarca en el análisis electoral más ridículo de la historia. Desde su inigualable olfato demoscópico, ha observado que “hay personas que nos dieron su voto en 2004, y no han podido hacerlo porque fallecieron”. Sin embargo, el argumento definitivo de que los votantes del PP son menos porque se mueren más, puede llevar a la conclusión de que la mayor tasa de mortalidad esté relacionada con los candidatos que los sufridos ciudadanos de derechas se ven obligados a respaldar.
La primera medida para vertebrar un triunfo del PP sería fortalecer la salud de sus votantes. El necesitado con mayor urgencia de un suplemento vitamínico es el aparente líder del partido, más desmejorado que si se hubiera pasado los años precedentes gobernando. Rajoy desfalleció en alguno de sus desastres electorales, y no ha recuperado el aliento desde entonces. Cuando insiste en que él no es culpable de la derrota del 9-M, certifica que tampoco hubiera sido responsable de una victoria. Administra su nulidad.
Rajoy está acabado, y tan elemental constatación debiera ser su confesión de partida, si desea porfiar en el empeño de llegar a La Moncloa. No ha nombrado portavoz parlamentaria a una seguidora de su línea, sino a la única. Cuando el perpetuo derrotado asegura que “somos la oposición con más diputados en la historia de la democracia”, engrandece al PSOE, puesto que ha logrado imponerse a un grupo tan poderoso. Gracias a la labor opositora del PP, los socialistas se han aproximado a la mayoría absoluta en las últimas elecciones. Zapatero parece hoy más ganador que el 9-M, mientras el desfallecido irritante se lamenta de que sus huestes se mueren mucho. El Gobierno cometerá los errores suficientes para que incluso Rajoy disponga de una oportunidad. Y la desaproveche.

En un escrito judicial hay tanta verdad como en un artículo periodístico. Así lo prueba la facilidad de anularlo con otro escrito judicial de idéntica factura. La diferencia radica en que el consenso ciudadano establece que las decisiones de los jueces se ejecutan, aunque tengan la racionalidad de un pronóstico meteorológico. O eso pensábamos, porque la muerte de una niña ha desenmascarado la gran mentira. Antes de Mari Luz –cuya sentencia fue ejecutada fielmente–, un condenado vecino de Alicante ya mató presuntamente a una ciudadana rusa cuando tampoco podía ser localizado, pese a que cuatro días atrás había aparecido en un programa televisivo de máxima audiencia. Es bueno saber que los funcionarios no malgastan el tiempo viendo la televisión.
La autoridad que condenó al presunto asesino de Mari Luz ha acabado culpando a la Junta de Andalucía de la falta de ejecución de la sentencia, un argumento que sería difícil de sostener ante un tribunal, y que demuestra que no hay ninguna diferencia entre un curtido magistrado y el común de los mortales, a la hora de excusarse frente a la Justicia. No nos interesa tanto la creación de una clase irresponsable, en cuanto que no tiene que responder de sus actos, como la traslación a las innumerables sentencias urbanísticas, jamás ejecutadas como es visible sin más que darse una vuelta por los contornos.
Douglas, Becker y centenares de potentados han podido multiplicar ilegalmente sus mansiones, aleccionados por juristas que sabían sobradamente que nunca se llegaría a la demolición de lo construido/destruido. El desgraciado mapa de Mallorca es el fruto de la inoperancia social para combatirlo. Todo el mundo sabe que las sentencias no se ejecutan –ses Covetes, Lluc Alcari, Andratx–, excepto los jueces. Nuestra propuesta no es una utópica mejora de la administración de justicia, sino su supresión, que por lo menos ahorraría los caudales necesarios para una tímida regeneración paisajística. Por cierto, ¿alguien sabe dónde está Don Rodrigo de Santos, o hemos de preguntar en la Junta de Andalucía?