Al Azar

La existencia de parlamentarios de Balears no imputados puede inducir a la sospecha de una falta de diligencia por su parte o, por el contrario, apuntar a la limitación de medios de los fiscales para proceder a su persecución. Sin embargo, sería injusto extraer conclusiones precipitadas de las excepciones a la norma podrida. Los casos particulares de diputados sin fianza no deben emborronar la estampa de corrupción generalizada en el Parlament cuya forja tanto ha costado, en euros. Contra quienes propalan bulos sobre una pérdida de fuelle de los corruptos con escaño, el golf de Campos es la mejor prueba reciente de que no han menguado los esfuerzos de los parlamentarios para ganarse una condena por todo lo penal.
Un atribulado Jordi Pujol reclama que la moral del país no se viera afectada por el escándalo Millet/Billet, hoy ampliado a su guardia pretoriana. No le falta razón. En Mallorca también vivimos el drama de un exceso de protagonismo, por parte de los parlamentarios que han exhibido sus crímenes con marcas de lujo. Esa parafernalia puede desanimar a diputados que no podrían recaudar cantidades equiparables ni entregándose con entusiasmo, por estar adscritos a áreas de escasa enjundia urbanística. Tampoco esa brecha sirve de excusa, a cada uno según sus posibilidades.
La sociedad ha de poner al alcance de los diputados corruptos, que van camino de ser todos, los medios para un tratamiento ágil de su adicción. Con este fin, se acelerará la apertura de una oficina de la fiscalía en la sede del Parlament, complementada con un juzgado de instrucción anejo. Ambas implementaciones son más urgentes que el botiquín o los extintores –si alguien no los ha robado ya–. Un dispositivo de juicios rápidos permitirá que los parlamentarios reciban la condena con celeridad, con objeto de que se reintegren sin dilación a su cometido, porque la sustracción no admite distracción. Munar encabeza la lista de beneficiarios de esta medida. Podrá confesar in situ su “opinión” en torno a los sucesivos cargos que pesen sobre ella.

Una catástrofe es una tragedia sin culpables, lo cual no impide sonsacarle conclusiones. Por ejemplo, la ciudad se vuelve contra sus habitantes y entierra a siete de ellos en sus domicilios. El derrumbamiento de un edificio en Palma no es una colisión fortuita, dependiente de una superposición de casualidades en un instante determinado. El desplome se cuece lentamente, tras arduos preparativos. Por lo mismo, un accidente de tráfico sólo puede evitarse un segundo antes de que se desencadene. En cambio, la caída de una casa pudo combatirse durante años de desidia latente. No se trata de dilucidar la responsabilidad de Cort, proyectada a los mandatos precedentes, sino de revisar las prioridades de un ayuntamiento.
En Mallorca han muerto once personas en un año por derrumbes, el triple de la media estatal. La singularidad carece de efectos normativos, pero la sensibilidad exacerbada en una ciudad que se torna amenazante nos remite a las secuelas de la orgía urbanística. La construcción es aquí sagrada. Precede al factor humano, sólo un edificio decide cuando se acabó su tiempo, caiga quien caiga. En la zona cero de Palma, esta religión inmola una casa y la deja patas arriba, eviscerada. La cotidianeidad queda despanzurrada, la violación de la intimidad se delata en la bañera por los suelos que alguna víctima utilizaba poco antes.
La corrupción y las catástrofes convergen en el fracaso de los mecanismos de intervención y de inspección, tan caros para el contribuyente. Si la tragedia de Palma redunda en la invención de nuevos mecanismos de exacción, no se ha aprendido nada. Cort tiene que aguijonear sus recursos, y conseguir que algún funcionario vea las grietas que los supervivientes señalaban en el preciso instante del desplome. El ayuntamiento no puede refugiarse en la necesidad de una denuncia para justificar su pasividad burocrática, esa doctrina lo está llevando a la ruina. Municipal rima con elemental, sin la lacra de estudios y asesores. Todo ello, la noche en que Aina Calvo descubrió en qué consiste ser alcaldesa

Me encuentro con líderes de UM en sus sucesivas reencarnaciones. Durante la conversación les suelto a bocajarro, “¿quién os vota?” Incomodidad y asombro, como si les interrogara sobre su ideología. Ni lo saben ni les importa lo más mínimo. Los partidos políticos se desviven por descifrar el perfil de sus votantes, para los dirigentes nacionalistas es una cuestión circunstancial. Afrontan el trámite electoral con la convicción de que se les asignó una cuota ancestral, invariable. Reclaman la cosecha austera de votos que les permita mantener cargos y negocios sin sobrecarga estructural pero, en realidad, UM no sabe quién le quiere y esa incertidumbre se torna angustiosa ahora que ha descubierto el miedo.
La ley de las probabilidades electorales y las leyes humanas siempre han estado mágicamente del lado de UM. La conjura legislativa se ha roto, y por eso cunde la intranquilidad en el partido que impone sus códigos. Sin haber elegido el vestuario conjuntado para describir su susto, Munar señala que acudirá ante el juez que la investiga, por el peor crimen que puede cometer un político, para dar su “opinión”. Hasta la fecha, sus opiniones son órdenes para la izquierda y la derecha, pero el mundo que forjó se ha desmoronado. Y eso da miedo.
¿Cuál es el objeto social de un partido minoritario que tiene imputados por corrupción a sus tres presidentes consecutivos, véase Munar, Nadal y Flaquer? Sin embargo, cuesta entender la euforia callejera desatada por la inusitada rendición de cuentas que se exige a la presidenta del Parlament. UM se despreocupa de sus votantes porque tiene demasiados. No hay un solo ciudadano de Balears que no haya votado a esas siglas, dado que han gobernado con todo el espectro, desde el PP a ERC. La jaculatoria que la hoy imputada pregonaba en los mitines –”todos los mallorquines son de UM, pero todavía no lo saben”– empuja antes a la vergüenza colectiva que al entusiasmo, ahora que el miedo se enseñorea de la bisagra intocable. Por fortuna, izquierda y derecha se solidarizarán para que el temblor del pánico no afecte a la geometría electoral.

En una encuesta de este periódico a pie de calle, una de cada cuatro farmacias de Palma no dispone de la píldora del día siguiente. En cambio, en ninguna de ellas escasean las cremas bronceadoras, los suplementos vitamínicos, esponjas y demás artilugios de brujería perfectamente inútiles, como sabe todo farmacéutico que no se pasara durmiendo las asignaturas correspondientes. Si la retirada del anticonceptivo fuera un paso más en la supresión de todas las píldoras que marcará el tránsito de la oficina de farmacia a tienda de souvenirs, aprobaríamos sin rechistar. Pero existe el riesgo de que los comerciantes más privilegiados pretendan encima moralizarnos, lo cual obliga a una respuesta.
Algunas farmacias sugieren que pueden encargar la píldora en cuestión, planteando serias dudas sobre el concepto de “día siguiente” entre los profesionales del ramo. Frente a su rentable objeción de conciencia farmacológica, seguro que el hiperactivo Govern Antich ha puesto en marcha los mecanismos de inspección –farmacéuticos controlan a farmacéuticos, toda una garantía–, dado que no se habla de tenderos con entera libertad sobre sus vitrinas y escaparates, sino de beneficiarios de una ley feudal que contraviene los principios de la libre competencia. Aun aceptando el monopolio encubierto y protegido por los bufetes más postineros, se diría que el sacrosanto servicio público tan encarecido por los boticarios presenta deficiencias en un número reseñable de oficinas.
Para calibrar el tremendo sacrificio que hacen las farmacias al vender la píldora del día después –sin mencionar a las que “no tenemos”–, tampoco estaría de más que se hiciera público el volumen de negocio y beneficio de esos establecimientos. Si un farmacéutico no desea vender fármacos legales, puede probar suerte en otra profesión, como la mayoría de la población. De cundir el ejemplo, no descartemos la aparición de estancos que se niegan a vender tabaco por sus efectos secundarios. Y sí, existe algo más pintoresco que la rebelión de los farmacéuticos. La revuelta de los notarios.

De acuerdo con las elevadas cifras de abortos y de manifestantes antiabortistas que esgrimen los organizadores de la masiva marcha de Madrid, al menos cien mil de los congregados han vivido una interrupción voluntaria del embarazo en su círculo más íntimo. Hijas, hermanas o madres de un contingente sustancial de los opositores al aborto han atravesado esa experiencia –dramática en todos los casos–, sin que se conozca la actuación de sus allegados, que la equiparan a un asesinato. A mayor número de concentrados, crece la probabilidad de que se produzcan solapamientos entre ambos bandos.
Una persona puede estar contra el aborto aunque haya abortado. De hecho, en la concentración de Madrid intervino una mujer que se había sometido a esa intervención. Según sus palabras, la manipularon. Cuando menos, expresó su arrepentimiento, un gesto que no se extiende a partidarios silentes de la interrupción voluntaria del embarazo como José María Aznar. Gobernó España durante ocho años sin matizar siquiera la ley que implicaba un aborto libre aunque no gratuito. No se le recuerdan declaraciones en contra de esa tolerancia, ni siquiera ha confesado un cambio de opinión. También es curioso que el organizador de la masiva marcha fuera secretario de Estado durante ocho años en el mismo Gobierno del PP, y que sólo reparara en la atrocidad legislativa una vez evacuado del poder.
Del mismo modo que hay partidarios  de despenalizar el aborto que nunca han abortado, también crece el número de antiabortistas que han abortado. Las clases pudientes resolverán siempre previo pago los embarazos no deseados, por lo que se defiende –conscientemente o no– una permisividad con los poderosos que se traduce en una doble esclavitud de las mujeres y los pobres. En cuanto al carácter estrictamente político del acto masivo de Madrid, ¿cuántos manifestantes hubiera reunido una marcha contra los seres humanos ya nacidos que mueren cotidianamente de hambre, un homicidio de autoría colectiva?

El paso del público por el camino público de Ternelles es una de las noticias estimulantes que Mallorca sólo ofrece esporádicamente. Gabriel Vicens degradó la fiesta con su bulimia de simultanear los cargos de miembro del Govern y de manifestante contra una medida del Govern. El poder siempre es el enemigo, y el conseller de Movilidad lo ejerce en grado máximo en Balears. Contra ese axioma no prevalecen ni el sexo ni la edad ni anteriores militancias de los gobernantes. El compañero de gabinete de Miquel Nadal se enfrenta a la policía que protege sus singulares privilegios, después de dejar aparcado su coche oficial –qué pasaría si un ciudadano le causara una abolladura– y, de tenerlos, podría haber acudido al acto reivindicativo con guardaespaldas.
En la toma de Ternelles participaron medio millar de ciudadanos valientes y un conseller aprovechado. El comportamiento berlusconiano de Vicens, que reclama las delicias de su cargo mientras rechaza sus exigencias y contradicciones, debió ser abucheado por los presentes. El poder es la ley. El pueblo debe rebelarse ante ambos, pero el conseller con vocación de salteador de caminos sólo tiene dos opciones. O cambiar las leyes de inmediato o renunciar a las mayúsculas prebendas de su cargo. Ahora mismo está del lado de la policía, la santurronería ecologista no puede abrocharse con el tratamiento clasista de Honorable. ¿Los otros no lo son?
Mientras la conselleria de Medio Ambiente de un Govern progresista trabaja para prohibir Mallorca a los mallorquines, la finca de Pollença sintetiza la formidable ambivalencia ante el legado March. Han mantenido territorios vírgenes –Ternelles, s’Avall– y son los autores de son Espases. El conseller Vicens aspira a que se le perdone la misma contradicción que a los magnates. (Otro poderoso saltarín, el director de Patrimonio del Consell, dio el visto bueno para que se construyera Villa Cortina en la urbanización de Formentor, por lo que existe el peligro de que invadiera Ternelles en busca de localizaciones para que allí pueda levantarse el chalet de algún madrileño postinero).

El Universo sólo merece disculpa como fruto de la improvisación de Dios pero, dado que esa monumental falta de previsión permite que yo esté aquí y tú me leas, la valoraremos como una virtud. Los émulos de la divinidad o gobernantes también reclaman el derecho a equivocarse con sus propias armas, un privilegio otorgado a través de alambicados sistemas de votación. Cuando Shakespeare afirma en El rey Lear que “los dioses juegan con nosotros como los niños con las moscas”, retrata la ligereza cósmica de los actores implicados.
Con estos antecedentes, se lanza de repente la acusación definitiva, Zapatero improvisa. El dardo funciona porque, con el debido énfasis, “Zapatero estornuda” se traduce en una inhabilitación absoluta. Para corregir este crimen, debería atender a los expertos que no previeron la crisis económica, por no añadir que la engendraron con sus eruditos pronunciamientos. Además, ninguno de ellos ha ganado unas elecciones, lo cual demuestra que la ciudadanía exige democracia pero suspira por los poderes no refrendados. Es una obviedad histórica que el actual presidente llegó a La Moncloa de improviso, sin preparación. ¿La tenía Adolfo Suárez, hoy santo patrón de los presidentes del gobierno y satanizado a principios de los ochenta como una plaga bíblica? La inteligencia se le ha concedido a posteriori.
Darwin llamó “adaptación al medio” a la improvisación, y centró en ella la evolución. Hay tantos motivos para castigar a Zapatero, y se formula un veredicto erróneo. Si su temeraria intuición le orienta hacia un resultado satisfactorio, sobrevivirá. De lo contrario, se despeñará al abismo que hoy bordea. Sin embargo, improvisar es un comportamiento neutro en terra incógnita, y tanto Gorbachov como Bush padre admiten que repentizaron en la hoy celebrada caída del muro de Berlín. O por hablar de asuntos trascendentes, el final de Casablanca fue una improvisación, y hoy parece inevitable. Fruto de la inspiración divina, por volver al principio.

Amenábar ha logrado el más difícil todavía, rodar una parodia de La vida de Brian. Se la ha tomado en serio. Desde los Monty Python, ningún cineasta se atrevería a filmar una lapidación, pero Agora es un festival del apedreamiento tan contagioso que el espectador también desearía tener un objeto contundente a mano. Las sectas que aparecen en la película imitan a las facciones políticas satirizadas por los cómicos británicos. Los interminables minutos sobrantes se rellenan con un cansino acarreo de cadáveres, tiemblo al pensar qué matanza perpetraría el director español en una película con armas de fuego.
Agora es la primera superproducción en que se pronuncia más de dos veces la palabra epiciclo. Debiera estar patrocinada por la Nasa. Podemos disculpar que Amenábar se perdiera las clases de astronomía, pero ese hueco en su formación no justifica que malgaste dos horas y media maravillándose de que la Tierra gire alrededor del Sol o viceversa. Por desgracia, los actores no comparten la fascinación de su director por la física recreativa, así que muestran la gama de registros emocionales del Doctor Spock y tratan a Hipatia como si fuera Cleopatra. Todo ello disfrazado de emancipación de la mujer. De una mujer, porque no aparece ninguna otra en la película, salvo mendigas o esclavas.
La muy promocionada secuela de Quo vadis? nos pilla mayorcitos, pero puede dañar irreversiblemente a los adolescentes sobreprotegidos. Frente al discurso de Agora, Dan Brown es filosofía pura. No merece la pena plantearse si el último Amenábar es más insípido que Mar adentro, aunque se parece a Isabel Coixet en que ninguno de ellos sabe escribir diálogos. Lástima que el vano esfuerzo de otorgarle un lacado erudito a su subproducción no se empleara en publicitar La habitación de Fermat, la mejor película científica del cine español. Por lo que respecta al tránsito de las religiones liberadoras al dogmatismo encorsetado, Amenábar puede aplicarlo a su propia evolución artística. Por si le consuela, peor está Almodóvar.

Hace un cuarto de siglo, Mallorca contaba con un par de campos de golf y me llevo una. Por entonces, mi carrera periodística alcanzó su cénit cuando el presidente de la federación de ese deporte –si ampliamos esta acepción atlética a disciplinas que pueden practicarse sentado y fumando– me vaticinó que la isla contaría con una veintena larga de instalaciones golfísticas. La entera profesión política y periodística, muy mezcladas en Balears, se carcajearon de mi titular, con la feliz ocurrencia de que faltaba superficie para acomodar tanto hoyo. Pues parece que sí cabían. Aparte de exigir un desagravio colectivo, me asombro ante la posibilidad de que los golfistas de UM enarbolen todavía hoy Son Baco como ultimátum al Pacto de Progreso.
Cuando el bárbaro Teodorico descubre los tesoros de Roma, suprime sus planes de destruirla. En cambio, Mallorca acentúa la vocación aniquiladora de quienes han nacido accidentalmente en ella, o la han elegido voluntariamente. Por tanto, no cabe incluir la fiebre golfista en la delincuencia urbanística o la coherencia destructora, sino asignarla directamente a la patología. Los empresarios, gobernantes, jueces y votantes que maniobran para que la isla incremente sus campos de golf están enfermos. Un partido que se apellida Mallorquina y desea más hoyos, ¿a qué realidad nacionalista no enfermiza se refiere?
Al tratarse de una enfermedad, nadie disuadirá a los afectados con el argumento de que la mayoría de campos de golf existentes están en venta, o que no se colapsan precisamente con aficionados. Tampoco podrá esgrimirse que, puestos a tener las mismas instalaciones golfistas que si gobernara Matas, sin olvidar Son Espases, por qué no nos quedamos con el original. Y nadie prestará oídos a los placeres de vivir en un municipio libre de contaminación golfística. Los enfermos seguirán pautados por su afección, hasta que la isla acabe de purgar el pecado original de su belleza, aunque de este crimen ya está casi irremediablemente curada.

Entre las enriquecedoras innovaciones del PP balear en el campo de la corrupción o I+C, nadie culpará al Govern Matas de contaminarse de cultura, actividad rigurosamente prohibida. Pese a ello, el segundo juicio contra Rodrigo de Santos se ha convertido en una exaltación de los valores culturales propios, frente a la ignorancia genérica atribuida a Chile, país de procedencia de los menores supuestamente abusados. El concejal popular puede apelar a cualquier argumento para su  salvación terrenal, el problema surge cuando un médico mallorquín tremendamente culto testifica que “he oído que estos chilenos tienen otro punto de vista de
las cosas”, con la salvedad de que “no es por ser chovinista”. ¿Chovinismo en la isla de Punta Ballena y el Ballermann?
El magistrado Juan Pedro Yllanes interrumpió al testigo con un alegato antixenófobo que debe escucharse –no basta leerlo– íntegramente para aplaudirlo, y donde concluía que “los chilenos son de la misma cultura que la nuestra”. Esta sentencia es claramente difamatoria para los mallorquines, salvo que el juez cometiera un desliz porque pretendía decir que “son de la misma incultura que la nuestra”. Y aun así, porque la nuestra es inigualable. Si ellos tienen un Pablo Neruda, nosotros tenemos un Rafael Nadal. Si el mayor novelista contemporáneo en el orbe anglosajón responde por Roberto Bolaño, este difunto nunca consiguió rematar como nuestro Samuel Etoo.
La descalificación de las víctimas es habitual en el proceso penal por contradicción pero, en el entorno religioso que envuelve los presuntos abusos del edil, se desea demostrar que el diablo viene de Chile, a falta de documentar una simpatía de los menores por Salvador Allende  que implicaría la absolución inmediata del número dos de Cirer. La expulsión del jardín del Edén por nacionalidades restringe el acceso al cielo controlado por los ultracatólicos. Con tanta exigencia, allí sólo tendrán cabida Rodrigo de Santos y otros santos minúsculos. Chilenos o no, los demás tendremos que conformarnos con los paraísos artificiales.

El PSOE balear se comportó  siempre como un excelente perdedor. Se hacía llamar incluso PSIB, para que nadie lo confundiera con el victorioso socialismo español. “Mallorca es de derechas, y aquí nunca ganará la izquierda” era la sentencia más frecuente en labios de los dirigentes socialistas, durante los años ochenta y noventa. Confiaban en los conservadores con más fuerza que el propio PP. Por razones ajenas a su voluntad –ligadas a la descomposición por corrupción de los gabinetes de Matas–, los progresistas alcanzaron el Govern en dos ocasiones, y ya han administrado Balears durante la mayor parte del siglo XXI.
Las victorias casi encadenadas no han dañado la esencia más íntima del PSOE balear, su vocación derrotista. A Antich le corresponde el mérito de la negociación que condujo a triunfos inesperados, pero también la responsabilidad de un acobardado ejercicio del poder –por llamarlo de alguna manera–. La crisis artificial provocada por UM en busca de impunidad ha sido afrontada por los socialistas con su sempiterna vocación de derrota. En lugar de destituir a un centenar de altos cargos nacionalistas y enviarlos a pactar con el PP de Rodrigo de Santos, el president pedirá perdón.
UM sigue sin argumentos, pero alentada por la desfachatez que trasluce su moral de victoria. Habla de agilizar pagos –una referencia demasiado nítida a los 450 mil euros controlados por la fulgurante estrella nacionalista y paralizados por la presidencia– o de reducir cargos, una abnegada proclama de austeridad a cargo de los propietarios de IB3. El recorte debería empezar por suprimir los tres departamentos semiabandonados del Consell Inmobiliario, dado que la vida sigue sin ellos. Sin embargo, Antich persiste con denuedo en su camino hacia la derrota. Los socialistas desean tranquilizar a la población. Ellos son simplemente los guardianes de la finca mientras regresa la derecha, esperemos que purificada. El PSOE balear canta a coro, con las wagnerianas hijas del Rin, que “solamente la derrota es familiar y fiel”.

En los últimos años, y a cada ocasión en que he mencionado las siglas BBVA, mis interlocutores replicaban “ah, el magnífico banco de Goirigolzarri”. En ocasiones enfatizaban que “tengo mis ahorros en esa entidad por Goirigolzarri”. O generalizaban, “la economía mundial cambió el día en que Goirigolzarri accedió al banco, aunque ahora no recuerdo cuándo fue”. Por tanto, no debería sorprendermos que si un trabajador es despedido con 45 días de sueldo por año trabajado, la destitución del consejero delegado del BBVA se haya saldado con 450 días por año trabajado. Si merece tamaño premio, por qué lo echan.
Goirigolzarri es un ERE de un solo hombre, una empresa necesitaría despedir a cuatro mil empleados para gastar tanto como el BBVA en su consejero delegado, que recibirá tres millones de euros anuales hasta que cumpla 85 años, hoy se jubila con 55. Quienes se rasgan las vestiduras ante la magnitud del dispendio en plena crisis, olvidan que en tiempos de bonanza hubiera cobrado mucho más. A juego con su incomparable desempeño, el ejecutivo ingresará cada año –por no trabajar– lo mismo que cuatro personas en medio siglo de vida laboral. Cobrará tanto como doscientos trabajadores medios, el equivalente a los dos años de subsidio para cuatro mil desempleados. Un ejemplo, sin duda.
La mejor manera de garantizar el disfrute de ese dinero a los grandes ejecutivos consistiría en obligarles a contarlo, euro a euro. Goirigolzarri necesitaría tres horas diarias para contar la suma recaudada en esa jornada. El proceso de repasar sus ingresos diarios le llevaría menos de un minuto a un trabajador medio porque, para que alguien gane esa fortuna, otros han de perderla. La carrera del destituido demuestra que el dinero se halla más seguro en sus manos, y puede alegar que “la única diferencia entre quienes me juzgan y yo es que ellos no tuvieron la inteligencia suficiente para hacer lo mismo que yo”. Es una cita del consejero delegado de Enron, el escándalo de 2001 que nunca iba a repetirse.